Asistí en días pasados al IX Conversatorio de la
Jurisdicción Constitucional, donde diferentes participantes todos de corte
político y algunos de organizaciones no gubernamentales hablaron sobre el entorno
político del proceso de Paz de nuestra nación.
Hemos resuelto unos interrogantes, cuyas respuestas dejan
entrever que no está sucediendo mucho con respecto al tema, y que en cambio
funciona muy bien como plataforma política para miembros del Gobierno que
necesitan visibilizase.
Hay dos opciones, aunque el texto se acomoda a la primera:
Leer los interrogantes planteados y clase y mis respuestas dadas posteriormente
al conversatorio o ir al resumen del conversatorio a continuación y regresar a
los interrogantes a modo de conclusión.
Interrogantes sobre el proceso de Paz de Colombia.
1. ¿Cómo funciona en Colombia el
tema de La Paz y las relaciones de poder?
Funciona como es de esperarse en
un país donde difícilmente los procesos están desligados de la corrupción. La
Paz por un lado, no existe todavía en Colombia, de modo que no funciona.
Las
relaciones de poder siguen su curso normal, hay gente involucrada en el proceso
desde el lado oficial con la comisión para la Paz, los veedores
internacionales, etc. Y los políticos cercanos a las FARC, que visitan a los
voceros en Cuba, a modo personal, mientras el proceso está en desarrollo.
Las relaciones de poder en torno
a la Paz están determinadas por la cercanía al Gobierno de quienes han sido
escogidos para estar dentro del proceso, luego de las habilidades para estar
allí y por último de la pertinencia.
2. ¿Cómo se evidencia la
participación desde "lo político" en este evento?
Se evidencia con el simple hecho
de que no hay presencia de la sociedad civil en general y mucho menos de las
víctimas que han sido afectadas directamente por la violencia. Todos los
participantes en el evento están involucrados en el Gobierno, tienen algún
cargo público o pertenecen a organizaciones (muchas no gubernamentales) que
están dentro del proceso y que tienen peso político.
Por otro lado, cada uno da su
opinión al respecto desde un ángulo oficial y poco ortodoxo, pero incluyendo a
unas víctimas y sociedad que realmente no están presentes ni siquiera para
escucharlos en tiempo real.
3. ¿Cuál es el discurso oficial
del gobierno y cual el de la guerrilla en el tema de La Paz? Explique.
El discurso oficial del gobierno
es que el proceso en busca de la Paz se debe ajustar la justicia transicional.
Debe haber justicia, reparación y derecho a la verdad para las víctimas y para
la sociedad en general a la cual ha afectado la guerra. El diálogo sí es una
vía para llegar a la Paz, pero no se puede dialogar, cuando con la otra mano,
estos grupo al margen de la ley que buscan ser reconocidos por la sociedad
siguen operando su máquina en contra de la integridad del pueblo y de los
Derechos Humanos.
Por otro lado, las Farc
argumentan que para alcanzar la Paz no solamente es necesario que sean
reconocidos como una organización política sólida, sino que el pueblo y el
Gobierno olviden sus acciones que durante más de 50 años han afectado de forma
negativa a la sociedad. Es decir que se les de amnistía aun cuando sus crímenes
están calificados como crímenes de lesa humanidad. Por último, han desarrollado
un discurso político y de víctimas de un sistema de gobierno que nos les
permite participar desde la legalidad, por lo cual han utilizado la herramienta
de caso-estudio para remitirse a lo sucedido con la entrega de armas del M-19 y
posterior desaparición de los miembros de la UP, para exigir garantías
políticas legales que los protejan.
IX CONVERSATORIO DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL
MENSAJES
KOFI ANNAN
·
Exsecretario General de la ONU
·
Fue el séptimo Secretario General de las
Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 2006, y fue galardonado, junto a
la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2011.
Para que el proceso de paz tenga
éxito debe estar basado en el dialogo sincero de los protagonistas y la
confianza, a las víctimas se les debe el derecho a la verdad. La justicia y la
paz son fundamentales en una sociedad.
ANIBAL GAVIRIA CORREA
·
Alcalde de Medellín
·
Político, Fue gobernador de Antioquia al ganar
las elecciones entre 2004 y 2007. en el 2009 fue precandidato a la consulta del
partido liberal para la Presidencia de la República en 2010, siendo derrotado
por Rafael Pardo Rueda, quien en el 2010 lo adhiere a su campaña por la
Presidencia de la República como candidato a la Vicepresidencia.
Hablar de paz es hablar de un
derecho constitucional, los acuerdos para buscar la paz deben acatar normas
constitucionales, la paz no se acuerda de cualquier manera. La Corte
Constitucional es la llamada a garantizar estas normas a la sociedad colombiana
y la comunidad internacional para así lograr una paz legítima y duradera. Todas
las leyes que se establezcan en los acuerdos de paz serán reguladas por Leyes
Estatutarias las cuales tiene control de constitucionalidad.
SERGIO FAJARDO
·
Gobernador de Antioquia
·
Político y matemático. Actualmente es el
Gobernador de Antioquia por el Partido Verde.
Se desempeñó como
alcalde de Medellín, durante el periodo 2004-2007; Fue candidato a la
Vicepresidencia de la República en las elecciones presidenciales del año 2010.
“de la violencia a la
inteligencia para lograr la paz” debemos pasar la página de la violencia y
fundamentalmente hay que cuidar a las víctimas, para esto debemos tener unas
condiciones de seguridad; nosotros los colombianos nos hemos acostumbrado,
hemos aprendido a vivir con la violencia, hemos “sobrevivido”. Hay que enseñarle
a gente como es vivir en paz y recuperar la confianza en lo público.
JORGE IVAN PALACIO
·
Presidente de la Corte Constitucional
·
Abogado de la Universidad Autónoma
Latinoamericana de Medellín, Magíster en Derecho de la Universidad Sergio
Arboleda. En su experiencia laboral en la Rama Jurisdiccional durante más de 26
años, se ha desempeñado como Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín; Igualmente fue Conjuez de la Sala de Casación Laboral por nueve
años consecutivos.
La paz se alcanza con la
posibilidad de disfrutar de una vida decente; hay que tomar como ejemplo las
experiencias del mundo en el mismo ámbito.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
·
Presidente de la Republica
·
Político, periodista y economista; fue ministro
de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria, hizo parte del
gobierno de Andrés Pastrana Arango como ministro de Hacienda. En el gobierno de
Álvaro Uribe en la presidencia en 2002, Santos dejó el partido liberal y fue
uno de los creadores del Partido de la U, fue nombrado ministro de Defensa de
Colombia durante el gobierno Uribe desde julio de 2006 hasta mayo de 2009.
El proceso no puede llevarse a
cabo por fuera del ordenamiento jurídico, la paz debe ir de la mano de la
Constitución. Hay que construir una estrategia para proteger a la víctima y
lograr la paz con el máximo de justicia.
1° TEMA: LA COMPLEJIDAD EN LA BUSQUEDA DE LA PAZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
·
Magistrado Corte Constitucional
·
Abogado de la Universidad del Atlántico con
especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la
Universidad Externado de Colombia, y Administración Pública de la Escuela
Superior de Administración Pública en convenio con la Universidad del
Atlántico.
La Constitución es un instrumento
imprescindible para alcanzar la paz pero ella debe ser perfeccionada; la CN 91
no fue un cambio abrupto normativo sino un instrumento para permitir un modelo
apto para poder superar el conflicto.
GONZALO SANCHEZ GOMEZ
·
Centro de memoria histórica
·
Es abogado y filósofo de la Universidad Nacional
de Colombia, con un master de la universidad de Essex, Inglaterra y un Ph.D en
sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, Francia.
La legitimidad del proceso debe
adquirirse reconociendo el conflicto en las regiones, hay una buena parte del
país que está en conflicto y que no se ha incluido en las negociaciones; el
problema de Colombia en los últimos años con respecto a la guerra es que se han
reacomodado los actores del conflicto y esto ha alargado la guerra e impide
concretar una negociación.
FRANCISCO DE ROUX
·
Provincial de la compañía de Jesús
·
Sacerdote y hombre de
acción al crear en 1995 un modelo de paz y desarrollo en el Magdalena Medio, al
darles a miles de familias la posibilidad de trabajar al margen de la coca y
los grupos armados, es reconocido en Colombia y el mundo como un modelo de
transformación social; estudió filosofía y teología, es magíster en economía de
las Universidades de los Andes y London School of Economics, y doctor de la
Soborna.
El perdón no es impunidad ni
abandono a las víctimas, el perdón es olvidar la venganza, las victimas conocen
el peor lado de los hombres pero también conocen lo sublime de la virtud cívica
de perdonar.
ANTONIO NAVARRO WOLFF
·
Constituyente y ex miembro del M-19
·
Ingeniero y político colombiano, ex militante
del grupo armado insurgente M-19. Ha sido constituyente, ministro de Salud,
alcalde de Pasto, representantes a la Cámara, gobernador de Nariño para el
periodo 2008 - 2011, secretario de Gobierno de Bogotá entre enero y marzo de
2012 y actualmente se desempeña como vocero nacional del Movimiento
Progresistas.
La participación política de
quienes dejan las armas es la base de la negociación, deben fijarse concesiones
mutuas.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
·
Expresidente de la Corte Constitucional
·
Se desempeñó como presidente de dicha corporación
entre junio 11 de 2005 a abril 10 de 2006. Estudio en la Universidad de los
Andes en Bogotá y en las Universidades de Georgetown y Harvard en los Estados
Unidos. Tiene una visión moderna y progresista del derecho.
La Corte ha construido modelos
para permitir la paz, modelos que se respaldan con tratados internacionales
sobre Derechos Humanos dado que la las víctimas y la paz son obligaciones
internacionales.
2° TEMA: EXPERIENCIA COMPARADA
LUIS GULLERMO GUERRERO PEREZ
·
Magistrado Corte Constitucional
·
Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá,
con especialización en Ciencias Socioeconómicas. Se ha desempeñado como
Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional, Magistrado Auxiliar de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Director (E) de la Unidad
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, Asesor de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
La Justicia
Transicional es un derecho de coyuntura que se ha permeado y limitado por el
derecho internacional. Hay cuatro tipos de amnistía: amnésicas, con compromiso,
correctivas y con responsabilidad.
JAVIER CIURLIZZA
·
International Crisis Group
·
Director para América Latina y el Caribe de
International Crisis Group, una ONG que desde 1995 trabaja en la formulación de
propuestas para la resolución de conflictos en todo el mundo, también es
experto en Justicia Transicional.
Lo más importante en las
transiciones de diálogos de paz es salvaguardar la memoria, la protección de
las víctimas y construcción de la democracia; no cree que el proyecto de
enmienda constitucional abra una puerta a la impunidad, considera utópico
pretender enjuiciar a todos y cada uno de los miembros de los grupos armados.
RUBEN CARRANZA
·
International Center for Transitional Justice
·
Académico especializado en el programa de
Derecho de Servicio Público Global, sirvió como miembro de un Comité ad hoc de
las Naciones Unidas, encargado de diseñar la convención universal en contra de
la corrupción. Ha liderado investigaciones importantes acerca de la relación
entre justicia transicional, corrupción y crímenes económicos.
La participación de las víctimas
y de la sociedad civil es fundamental en las negociaciones de paz, verdad,
justicia y reparación.
3° TEMA: TENSION ENTRE PERSECUCION JUDICIAL Y CONSECUCION DE LA PAZ
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
·
Magistrado de la Corte Constitucional
·
Abogado de la Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo y Defensa
y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Tiene Diploma de
Estudios Avanzados D.E.A., con Tesis dedicada a “Financiación de Campañas
Electorales y Partidos Políticos”. No pueden ser eximidos de pena los
condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
En Colombia el primer y único
antecedente en Justicia Transicional es la Ley 975 de 2005, en donde se imponen
penas alternativas como medida alternativa en la búsqueda de la paz; ahora
hablamos del Marco Jurídico para la paz el cual es muy claro en lo siguiente:
un mecanismo de selección como nueva estrategia de juzgamiento en
macroprocesos, centrar la investigación en los máximos responsables de crímenes
de genocidio y lesa humanidad cometidos de manera sistemática; contemplando
penas alternativas, mecanismos extrajudiciales y formas especiales de la
ejecución de la pena, esto solo si: hay dejación de las armas, liberación de
secuestrados, reconocimiento de la
verdad y desvinculación de menores.
FABRIZIO HOCHSCHILD
·
Coordinador ONU en Colombia
·
De nacionalidad chilena e inglesa, fue Director
de Recursos Humanos del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el
Terreno de la ONU (2010-2013); jefe de la División de Operaciones en el Terreno
y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Ginebra (2005-2009); representante Adjunto y jefe
de Operaciones de ACNUR en Tanzania; y representante Adjunto del ACNUR en
Belgrado (2001-2003).
El mayor amigo de la impunidad son los que hacen más
difícil la terminación del conflicto, las trabas en el proceso conlleva a la
impunidad; en Colombia debe haber un cambio de mentalidad para la
reconciliación y el perdón, el éxito del proceso nace del reconocimiento de
cierto grado de impunidad. Hay que buscar medidas para asegurar la NO
repetición del delito para poder alcanzar una paz mínimamente estable.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
·
Fiscal General de la Nación
·
Abogado de la Universidad Externado, Se especializó
en derecho penal y en la misma rama en
la Universidad Complutense de Madrid; fue Juez de Instrucción Criminal (1981);
Juez Penal Municipal en propiedad (1982); Conjuez de los Tribunales Superiores
de Bogotá y Cundinamarca (Sala Penal) y del Tribunal Nacional de Aduanas; En
varias oportunidades, Procurador General de la Nación encargado (1997-1998,
1999-2000); Del 16 de enero de 1997 a enero 9 de 2001, Viceprocurador General
de la Nación.
Para garantizar la no repetición
del delito es esencial la doble imputación; la doble imputación ante la macrocriminalidad
es responsabilidad penal de la organización y del individuo como aplicación de
la selectividad, esto implicaría la desarticulación de la organización y
facilitaría la No impunidad y repetición.
MARK FREEMAN
·
Institute
for Integrated Transitions
·
Director ejecutivo del Instituto para la
Transición integrado. belga y
canadiense, abogado internacional y experto en temas de derechos humanos en un
contexto democrático y de transición posconflicto.
El vinculo de amnistías no se
puede dar sin un acuerdo, una negociación exitosa. El fin del proceso de paz es
transformar un grupo armado en un grupo político; esto implica la necesidad de
confianza y esto conllevaría a una amnistía en el ámbito de una justicia
general ordinaria, una desmovilización y dejación de las armas.
JOSE MIGUEL VIVANCO
·
Human Rights Watch-America
·
Director de la División de las Américas de Human
Rights Watch, es un experto en América Latina. Trabajó como abogado de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados
Americanos (OEA).
La amnistía no cabe en graves
violaciones a los Derechos Humanos y casos de delitos aberrantes en el ámbito
de delitos de lesa humanidad. El Estado no se debe librar de la persecución a
todos los responsables de los crímenes, nos solo a sus cabezas visibles, debe
haber penas ejemplares de acuerdo a un Estado de derecho; la participación en
política está en un segundo plano. La
Justicia Transicional se rige bajo los mismos parámetros del derecho
internacional.
ALBERTO ROJAS RIOS
·
Magistrado Corte Constitucional
·
Abogado egresado de la Universidad Externado de
Colombia, con estudios especializados en Derecho Procesal, Derecho
Administrativo y Derecho Constitucional. Veintiséis años de experiencia
profesional, en la defensa de intereses públicos y privados.
El control judicial se deriva de
las garantías internacionales sobre un proceso de paz y el alcance del Derecho Penal Internacional.
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
·
Procurador General de la Nación
·
Abogado, político y jurista; Fue concejal de
Bucaramanga por el Partido Conservador en el periodo 1986-1989. Ingresó como
con-juez, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander,
también fue Consejero de Estado, presidente de la Sección Segunda del Consejo
de Estado de Colombia, y -nuevamente presidente- pero esta vez de la
corporación en el año 2004.
En el marco para la paz se deben
mirar los estándares internacionales, los cuales obligan a juzgar y sancionar
los crímenes atroces; la Justicia Transicional no justifica la sustracción de
la obligación sancionatoria, esta debe investigar y juzgar a criminales atroces
cumpliendo penas privativas de la libertad aceptables. La impunidad no es
aceptable en crímenes de guerra o grave violación a los derechos Humanos.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
·
Juez Corte Interamericana de Derechos
·
Abogado de la Universidad Externado de Colombia,
especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de
Estudios Constitucionales de Madrid. Doctor en Derecho Constitucional en la
Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Derecho Constitucional en la
Universidad Externado de Colombia.
Las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son precedentes para todo los jueces
en Colombia, el papel del derecho internacional es simbólico y el problema
legitimo del proceso de paz es que la paz debe ser una política de Estado mas
no un política de Gobierno; el derecho internacional da luces mas no quita la
responsabilidad al Derecho Interno.
LUIS MORENO OCAMPO
·
Ex fiscal Corte Penal Internacional
·
Abogado argentino, ex Fiscal jefe de la Corte
Penal Internacional. Su principal labor es seguir los reportes de crímenes
contra la humanidad y perseguir y acusar ante la Corte a los comitentes de
éstos.
Las amnistías no están
internacionalmente reconocidas para crímenes de lesa humanidad, no hay
impunidad para crímenes masivos; un acuerdo de paz sostenible debe respetar el
marco jurídico decidido por la corte Constitucional y la Corte Penal
Internacional. La participación en política lo decide Colombia,
internacionalmente no hay objeción con que este en política y sean procesados.
Reparación a las víctimas, derecho a la verdad y justicia conlleva a que no
haya impunidad para crímenes masivos.
OSCAR MAURICIO SARMIENTO GUARIN
·
Juez de restitución de tierra en El Carmen de Bolívar
En la restitución de tierras es
un error aplicar las normas del proceso ordinario, debe haber un debate para no
re victimizar.
ALONSO SALAZAR JARAMILLO
·
Exalcalde de Medellín
·
Periodista, escritor y político; Fue el alcalde
de la ciudad de Medellín para el periodo 2008-2011.
Hay que atender a las víctimas,
hacer un censo, una cualificación del daño mediante diversas estrategias y
apoyo social.
NILSON PINILLA PINILLA
·
Magistrado Corte Constitucional
·
Doctor en Ciencias Jurídicas con especialización
en Ciencias Penales y Penitenciarias; estudios especiales sobre Criminología en
la Universidad de Cambridge y otros múltiples cursos de profundización en
Derecho Constitucional, Criminología, Derecho Penal y Procedimiento Penal.
La amnistía no cabe en genocidios
y crímenes de guerra por lo que indiscutiblemente da paso a las responsabilidades penales, el
enjuiciamiento es hacerle frente a crímenes masivos y violaciones graves a los
Derechos Humanos, no se puede haber condescendencias. La Corte Constitucional
tiene la obligación de reconocer la competencia de la CPI, no pude haber incompatibilidad
en leyes de amnistía.
RODRIGO UPRIMNY YEPES
·
Universidad Nacional y de Justicia
·
Abogado especializado en el Derecho
Constitucional y es el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad DeJuSticia1
La Corte Constitucional funciona
como garante, validador y controlador de lo pactado en los procesos de
transición, las transiciones están supeditadas a estándares de Derecho Internacional
en violaciones a los Derechos Humanos.
Las negociaciones deben tener un control
de tribunales constitucionales para que no solo se negocie las pretensiones
sino también principios constitucionales dándole peso a la reparación de las víctimas.
CESAR RODRIGUEZ GARAVITO
·
Universidad de los Andes y de Justicia
·
Sociólogo y jurista colombiano vinculado con la
Universidad de Los Andes y la Universidad de Wisconsin-Madison. Es miembro
fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
En la transición al
post-conflicto se debe abrir el abanico de la justicia, no solo justicia penal
sino una justicia redistributiva y justicia étnica colectiva. Un aspecto muy
importante en el proceso de paz es el conocimiento y reconocimiento para la asimilación
de crímenes graves y de la verdad.
WILLY MUTUNGA
·
Presidente de la Corte Suprema de Kenia
·
Abogado keniano, intelectual, activista de la
reforma, y, desde junio de 2011, el Presidente del Tribunal Supremo de Kenia, y
Presidente de la Corte Suprema de Kenia.
La Constitución es un elemento
para la paz y la justicia pero también para la guerra
ALBIE SACHS
·
Exmagistrado Corte Constitucional de Suráfrica
·
Abogado de la Universidad de Ciudad del Cabo y
un doctorado de la Universidad de Sussex; fue juez en la Corte Constitucional
de Sudáfrica. Fue nombrado a la corte
por Nelson Mandela en 1994 y se retiró en octubre de 2009.
El papel de las comisiones de
verdad es el reconocimiento y publicidad de las violaciones a los Derechos
Humanos en donde se enfatiza en la importancia de los detalles. La constitución
debe ser redactada por una asamblea elegida popularmente.
MAURICIO GONZALES CUERVO
·
Magistrado Corte Constitucional
·
Abogado de la Universidad del Rosario, con
especialización en Economía de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado
como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Director de la
Corporación Excelencia en la Justicia, Viceministro del Interior y Viceministro de Justicia.
Las constituciones protegen los
Derechos Inalienables del individuo conteniendo leyes para la convivencia pacífica.
Los acuerdos de resolución de conflictos deben refrendarse constitucionalmente
por su valor político y simbólico, los pactos de paz deben ser
constitucionalizados y con las presencia del ciudadano colombiano.
LEON VALENCIA AGUDELO
·
Director Fundación Arcoíris
·
Exguerrillero, politólogo y analista del
conflicto armado interno; Fue miembro del comando central del grupo guerrillero
ELN y en 1994 participó en la firma de un acuerdo de paz con el gobierno nacional
que llevó a su reintegración a la vida civil.
El ideal de un desarme y
reintegración en un marco de reconciliación integral, construir Estado en los 242
municipios abandonados por el Estado y en los cuales Si ha estado la presencia
de las guerrillas; de eso se trata los proyectos de reconciliación,
reconocimiento, verdad y reparación.
ANTANAS MOCKUS SIVICKAS
·
Exalcalde de Bogotá
·
Político, filósofo y matemático colombiano, de
ascendencia lituana. Magíster en Filosofía, Licenciado en Matemáticas y Filosofía
de la Universidad de Dijon, doctor Honoris Causa de la Universidad de París
XIII, y de la Universidad Nacional de Colombia. Fue alcalde de Bogotá en dos
ocasiones, candidato a la Vicepresidencia (1998) y la Presidencia de la
República (2006 y 2010). Fue miembro del Partido Verde hasta el 9 de junio de
2011-1.
Es imposible hacerle frente a
varios sectores en búsqueda de la paz al mismo tiempo. La ilegalidad en
Colombia difícilmente se sostiene en una condición pacifista, hay que empezar
por combatir la corrupción y generar así una credibilidad en el Estado, cuando
no hay confianza en el Estado se crea una autodefensa.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
·
Expresidente Corte Constitucional
·
Abogado, profesor universitario, magistrado y
político. De 2006 a 2009 fue el presidente del Polo Democrático Alternativo,
partido de oposición, contrario al modelo de Estado propuesto por el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez.
La Constitución del 91 es utópica
y ambiciosa de Derechos, la gran inconsistencia es la economía de mercado con muy
poco control, en Colombia es insensato aceptar que la situación económica no es
consecuencia del conflicto. Debemos identificar
nuestras carencias y empezar por ahí el
cambio con una sociedad ilustrada.
ZULIA MARIA MENA GARCIA
·
Alcaldesa de Quibdó, Choco.
·
Es Trabajadora Social de la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y tiene una especialización en gestión
territorial y comunitaria del Indes en Washington.
El conflicto en Colombia es
estructural porque es un país de
regiones que históricamente han estado desarticuladas del centro, regiones
invisibilizadas y ausentes. La región del Pacifico y el Amazonas pasaron muchos
años en la inexistencia hasta que llegaron en los 80´s las armas para el M-19
por ahí y fue en ese momento cuando el Estado se dio cuenta que habían
habitantes allí, pero lastimosamente en este punto ya los grupos guerrilleros
habían perpetrado la zona.
TERESITA GAVIRIA URREGO
·
Madres de la Candelaria
·
Tuvo que vivir la violencia que le arrebató a su
hijo en 1998; a raíz de eso creó la Asociación Caminos de Esperanza Madres de
la Candelaria que busca capacitar a las
personas para que puedan reclamar sus derechos y acompañarlos en ese camino de
restitución. La Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, se convirtió
en una de las organizaciones de víctimas más importantes y reconocidas del país.
Exigimos la creación de una
comisión de la vedad con veeduría internacional, con un plazo determinado para
el cumplimiento de sus objetivos, que radican en la investigación y búsqueda de
la verdad desde las víctimas, pues traemos la nefasta experiencia del proceso
de justicia y paz, el cual fue una estrategia para evitar las verdaderas causas
del conflicto.
SERGIO JARAMILLO CARO
·
Alto comisionado de paz
·
Es el Alto Comisionado de Paz de Juan Manuel
Santos y el estratega fundamental detrás del proceso de paz. Bogotano graduado
de Filosofía de la Universidad de Toronto y de Filología de la Universidad de
Oxford, tiene una maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge. Tiene
amplia experiencia en temas de seguridad.
La paz se tiene que lograr en un
marco de justicia por encima de las penas y sanciones para los victimarios es más
importante los derechos de las víctimas, la reintegración y distribución de
tierras, llamada justicia distributiva; una ejecución de la pena no tiene
sentido si en verdad, reparación y garantía de no repetición. La lucha contra
la impunidad es la satisfacción de los derechos de las víctimas.
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
·
Equipo negociador del Gobierno
·
Abogado y político de la Universidad de Caldas,
fue designado Registrador Nacional del Estado Civil entre 1982 y 1986, fue
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en 1990 es designado Ministro de
Gobierno, por el Presidente César Gaviria; desde este cargo ejerce la
representación directa del gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, en 1993 es sugerido por Partido Liberal como candidato a la Presidencia
de la República pero en la contienda del partido queda como candidato a la Vicepresidencia
de Ernesto Samper.
La regla base en este dialogo es que no habrá
impunidad, no hay espacio para amnistías incondicionales, Colombia debe buscar
una solución para la paz pero dentro del marco de lineamientos internacionales.
La participación política se dará luego de la
desmovilización pero a un
movimiento más no a personas en la política. No hay negociación secreta ni
acuerdos parciales, cada acuerdo tiene validez si hay un acuerdo global. Hay un
compromiso claro de las dos partes de poner a discusión con todos los
colombianos para la decisión de los
colombianos.
LUIS FERNANDO ARIAS
·
Concejero mayor ONIC
Hay que poner en la agenda la reforma agraria
que implica el reconocimiento, protección y garantía de nuestro derecho a la
territorialidad ancestral de los pueblos indígenas, el re-ordenamiento
territorial, social, ambiental y cultural en el marco de una reforma agraria y
acuerdo político nacional; reconocer derechos a la soberanía alimentaria, al
agua, al ambiente, a los planes de vida de las familias campesinas, indígenas y
afrodescendientes, defendiendo el derecho de producir su propia comida como
garantía ala desarrollo diferencial de los pueblos.
